Banderas que excluyen y derechos que garantizan

De igual modo que el círculo delimita un área que en materia de geometría denominamos circunferencia, las fronteras delimitan espacios llamados naciones. Las fronteras -y por extensión las naciones-, son un constructo político que se consensua a razón de la ambición y la codicia de las élites que creen tener la propiedad en exclusiva de los recursos que atesoran en las áreas que delimitan; y el consenso necesario para el establecimiento de esas fronteras que delimitan las naciones. nace de un proceso dialéctico basado en la avaricia de unos pocos, que muy a menudo se resuelven a través de la confrontación violenta: la guerra.

Esta idea, que nace de la intuición, explica el concepto de nación únicamente desde una de sus dimensiones: la temporal, es decir, su devenir histórico como producto de conflictos, guerras y pactos fundacionales. Sin embargo, la nación es una entidad mucho más compleja, que no puede sostenerse únicamente en el trazo de fronteras ni en el ejercicio de la fuerza. Para perdurar en el tiempo y mantener cohesión interna, necesita de elementos que articulen lo simbólico, lo afectivo y lo imaginario: una narrativa compartida, una memoria colectiva y una identificación subjetiva con el “nosotros”.

Sin esta arquitectura simbólica y emocional que cohesione al cuerpo social, incluso la explotación organizada de sus recursos es fácilmente erosionable desde el exterior. Y es en este punto se abren dos grandes vertientes en la construcción simbólica de la nación.

La primera, de corte conservador y excluyente, impone desde las élites su visión, su narrativa única de lo nacional, sustentada en símbolos de obediencia obligatoria: la bandera, el himno, la religión dominante, la lengua oficial. Estos elementos no son inocuos: funcionan como dispositivos de homogeneización, como herramientas que delimitan quién pertenece y quién queda fuera del relato político del “nosotros” y la memoria nacional. Su imposición no es sólo simbólica, sino también material: el reparto de la riqueza se estructura desde esta misma lógica excluyente, perpetuando un sistema de desigualdad que despoja a las mayorías de los recursos necesarios para una vida digna.

En este modelo, el ciudadano no accede a los bienes comunes, sino que paga por existir. Aunque se le remunera por su trabajo, debe reinvertir constantemente sus ingresos para acceder a servicios esenciales: salud, educación, vivienda, movilidad. Es un círculo vicioso de desposesión progresiva. Lo público se privatiza, lo común se mercantiliza, y el individuo queda atrapado en una lógica de consumo forzado que lo deshumaniza, reduciéndolo a fuerza de trabajo, a consumidor endeudado, a cifra en un balance. El tipo de gestión política que acompaña al modelo, sigue la concepción y justificación del reparto de riqueza objetivado en el capital, no en la gestión de los servicios, repartiendo pingües plusvalías de forma universal que no empoderan ni rescatan, mientras lo público languidece. Los días, el tiempo y los esfuerzos en este tipo de concepción patria se dedican al mantenimiento de los símbolos, como instrumento de alienación necesario para la cohesión y la exclusión pues permite, además, de manera muy evidente diferenciar entre quienes se arrodillan y quienes permanecen de pie.

En la orilla opuesta, del proceso de construcción simbólico de nación, se dibuja otro modelo que subvierte la lógica excluyente del conservadurismo, sostenido por las fuerzas de progreso. Desde esta perspectiva la nación no se instrumenta como propiedad a través de sus símbolos, sino como un proyecto colectivo, inclusivo, orientado al bienestar común. Bajo esta concepción, los servicios públicos -salud, educación, transporte, cultura- no son mercancías, sino derechos universales, garantizados incluso para quienes no poseen recursos. En este modelo, el valor de la vida humana no se mide, como recurso por su productividad, sino por su dignidad intrínseca.

En este horizonte progresista, el concepto de frontera comienza a desdibujarse. Ya no tiene sentido proteger unos recursos «nacionales» pero si lo esencial: la vida, la salud. Los símbolos “nacionales” (banderas, himnos, religiones, lenguas oficiales) pierden su sentido cohesionador en favor de los derechos: igualdad, acceso a la cultura, educación y conocimiento que además, son concebidos universales, como patrimonio de la humanidad y no de adscripción a un territorio o clase delimitada.

Las luchas ya no giran en torno a la defensa de un suelo, sino a la expansión de derechos, la solidaridad transnacional y el cuidado mutuo; y los recursos en lugar de ser objeto de acopio o reparto, se convierten en pilares que sostienen los avances sociales.

La nación, entonces, se transforma: deja de ser trinchera para unos pocos y se convierte en una red que lejos de levantar muros, tiende puentes; que frente a la imposición de símbolos, garantiza derechos y que lejos de excluir en nombre de la historia, encara el futuro con los pies bien asentados en las necesidades del presente.