Sobre el Día de Asturias: identidad y memoria. Entre el santuario y la bayoneta.

El Día de Asturias, el 8 de septiembre, no es una fecha limpia. El mismo día que se celebra nuestra Autonomía se le dedica también a la Virgen de Covadonga. Desde que el Estatuto de Autonomía fijó esa fecha como referencia institucional, ambas celebraciones comparten calendario, paisaje, paisanaje y memoria sin que ninguna haya logrado absorber por completo a la otra; quien quiere va a misa; quien no, al prau, a la comida familiar o simplemente disfruta de un festivo. La fiesta del mismo modo que no exige etiqueta, tampoco exige uniformidad.

En algunos sectores, este solapamiento produce cierta incomodidad legítima. No es una manía anticlerical. La laicidad democrática exige que las instituciones no incorporen la devoción como supuesto cultural invisible. La identidad colectiva no necesita pasar por una ermita, una imagen o la liturgia de una fé para reconocerse a sí misma.

Que esta contradicción exista no implica que deba resolverse por decreto. Esta tensión ya ha sido metabolizada desde abajo. No porque haya desaparecido, sino porque en la cultura popular, las asturianas y asturianos, llevamos décadas habitándola sin pedir permiso a nadie: cada cual le da al día el significado que le corresponde, y el día, con una flexibilidad que rara vez tienen las instituciones, soporta todos los significados a la vez. Covadonga no agota Asturias, pero tampoco la fiesta civil necesita expulsar a Covadonga para existir.

No es resignación. Es una forma práctica, puede que imperfecta y popular, de laicidad; nadie tiene el monopolio del calendario, porque la cultura no es monocromática y la identidad colectiva rara vez obedece a la pureza con la que algunos redactan los manifiestos.

Conforme se consolida este periodo democrático, surgen voces que consideran que esa coexistencia no basta. Que habitar una tensión no es resolverla y que una comunidad política madura debería poder fijar su fecha principal sin compartirla con ninguna imagen de culto. Este argumento tiene su lógica y si el problema está en el solapamiento entre lo institucional y lo religioso, la solución parece sencilla: bastaría con buscar una fecha civil, histórica y propia, sin basílicas al fondo, sin liturgias ya incorporadas al paisaje y sin los discursos que puntuales se solapan y saltan de los diferentes púlpitos a los titulares.

La candidata tiene nombre y espacio en el calendario: el 25 de mayo. Ese día en 1808, la Junta General del Principado asumió la soberanía, declaró la guerra a Napoleón y envió una petición a Gran Bretaña para solicitar apoyo. Una decisión que fuentes históricas e institucionales presentan como una de las primeras respuestas formales contra la invasión francesa, subrayando que Asturias fue la primera en tomar esas medidas: asumir soberanía, declarar la guerra y solicitar ayuda exterior. Este día es también, según esas mismas fuentes, el origen de la bandera asturiana: la Cruz de la Victoria sobre fondo azul que desde entonces ha identificado al Principado.

A primera vista, la operación simbólica parece impecable: una fecha civil, de soberanía y de pueblo. Asturias actuando en nombre propio, como una comunidad política que organiza su defensa; un gesto colectivo donde soberanía, pueblo y autonomía parecen encontrarse antes incluso de tener lenguaje constitucional disponible. El argumento se sostiene y quienes lo defienden lo saben. Lo que ocurre es que, en materia de memoria, el relato nunca se completa en la primera lectura.

Las comunidades no tienen memoria en el sentido en que la tienen los individuos. Lo que tienen y comparten es un relato: una colección de fragmentos del pasado seleccionados y organizados para producir identidad en el presente. Eric Hobsbawm llamó a este proceso la invención de la tradición: la fabricación de continuidades simbólicas con un pasado elegido, no recuperado. Toda fecha fundacional es, antes que nada, una decisión editorial. Entre el acontecimiento histórico y la fiesta colectiva hay una distancia que no siempre se recorre con honestidad. Y en esta fecha concreta cabe preguntarse qué fragmentos de aquel día seleccionamos para construir memoria, qué piezas dejamos fuera y qué olvidos necesitamos para que el símbolo funcione.

Aquel 25 de mayo, la minoría ilustrada que podía imaginar un horizonte constitucional y civil disponía, para convocar al pueblo, de una sola gramática: el rey cautivo, la fe amenazada y la patria ocupada. El desenlace cerró brutalmente esa ambigüedad. El pueblo arriesgó la vida y la restauración puso la firma. El antecedente que algunos reclaman es, en realidad, un accidente. El éxito que se celebra, una derrota.

Del mismo modo que una ocupación militar no se vuelve emancipadora porque arrastre reformas modernizadoras, no toda resistencia popular al invasor se convierte en un antecedente democrático. El 25 de mayo de 1808 sacó a los caminos a miles de asturianos y asturianas: gentes del campo, de las fábricas y talleres, notables locales y sectores ilustrados. La irrupción popular fue real. Pero el motor ideológico que la sostuvo no fue principalmente la emancipación liberal, sino la defensa del rey que se creía legítimo, de la religión amenazada y del orden tradicional frente a un invasor presentado como impío y jacobino, extranjero y destructor de la comunidad. El 25 de mayo contiene soberanía, pueblo y afirmación institucional, pero también religión, trono y absolutismo.

Quien propone el 25 de mayo como Día de Asturias no necesariamente ignora los hechos, pero yerra en su lectura. Una parte de la izquierda ha terminado construyendo una hermenéutica cómoda según la cual toda movilización popular contiene, por el hecho de ser popular, una promesa emancipadora. Si el pueblo se alza, el alzamiento es democrático; si se reclama soberanía, la soberanía es liberadora. El 25 de mayo desmonta esa ecuación con precisión incómoda; hubo pueblo, soberanía reclamada, gesto colectivo de afirmación institucional, y el desenlace fue reaccionario.

En esta legítima lucha por secularizar la memoria, se acaba sustituyendo una contradicción administrable por otra más profunda. Se cambia el solapamiento entre lo civil y lo religioso por la tensión entre la épica popular y la restauración absolutista. Si el 8 de septiembre plantea un problema de laicidad, el 25 de mayo plantea un problema de honestidad histórica y coherencia política para el ala emancipadora de la izquierda.

No se trata, por tanto, de decidir qué fecha luce mejor en el calendario oficial, ni de elegir entre una Asturias arrodillada ante la Santina y una Asturias heroica levantada contra el francés. Ese planteamiento es erróneo porque acepta que la identidad colectiva debe construirse escogiendo entre liturgias heredadas: religiosas, patrióticas o bélicas; todas lo suficientemente solemnes como para impedirnos preguntar qué estamos celebrando realmente.

La cuestión real es otra: qué historia queremos contar las asturianas y asturianos sobre nosotros mismos. Si queremos narrarnos como una comunidad plural capaz de habitar contradicciones sin convertirlas necesariamente en guerra cultural, o si preferimos fabricar una pureza civil sobre una fecha que arrastra rey, religión, invasión, guerra y restauración absolutista. Ninguna memoria pública es inocente. Precisamente por eso, una comunidad democrática tiene razones para desconfiar de aquellas fechas que solo funcionan cuando se las somete a cirugía cosmética.

El 8 de septiembre no resuelve la tensión entre fiesta civil y tradición religiosa. La contiene. El 25 de mayo tampoco la supera, la desplaza hacia otro lugar, quizá más elegante, quizá más laico en apariencia, pero no menos problemático. Cambiar una contradicción visible por una contradicción históricamente maquillada no es necesariamente avanzar.

Si la respuesta a una incomodidad entre altar y fiesta consiste en sustituirla por la épica de una guerra contra un vecino que confundió las lindes y terminó en resaca absolutista, quizá no se esté secularizando la memoria, sino más bien cambiando de liturgia.