Cuando la política se convierte en delirio identitario

A finales de los años cincuenta y principios de los sesenta del siglo pasado, en el Ypsilanti State Hospital del estado de Michigan (EE. UU.), tres pacientes fueron diagnosticados de esquizofrenia paranoide con la particularidad de que los tres sostenían de manera firme y exclusiva la creencia de ser Jesucristo. Milton Rokeach, psicólogo conocido por sus trabajos sobre el dogmatismo y la organización de los sistemas de valores, decidió reunirlos en un mismo espacio con la expectativa de que la confrontación directa entre creencias idénticas generase una disonancia cognitiva suficientemente fuerte como para poner en crisis sus delirios. Sobre el papel, la contradicción emergente debía conducir a una revisión de sus creencias.

El resultado no pudo ser más desalentador. Lejos de debilitarse, cada paciente desarrolló estrategias defensivas específicas para preservar su identidad delirante: negación de la autenticidad de los otros, reinterpretaciones de carácter místico y atribuciones persecutorias. El experimento mostró, de esta manera, que las ideas delirantes no se desmantelan mediante la simple confrontación lógica o social, precisamente porque el delirio no opera como una proposición empírica falsable, sino como un núcleo identitario. Esta experiencia contribuyó a consolidar la concepción clínica del delirio no como un error cognitivo aislado, sino como una estructura de sentido subjetivo que organiza la experiencia del sujeto.

Esta concepción del delirio puede ser generalizada al plano político e ideológico. Cuando una ideología, con independencia de su signo, deja de operar como un marco interpretativo revisable y pasa a funcionar como un principio identitario, ocurre lo mismo: deja de responder a las evidencias, se rompe el diálogo con la realidad y comienza a defenderse a sí misma como si estuviera en juego la existencia del sujeto.

Cuando esto sucede, ya no estamos ante una teoría u orientación política; hemos cruzado el umbral de la razón y nos encontramos ante una estructura de sentido cerrada que inhabilita a la organización al hacer inoperantes los mecanismos de deliberación democrática, revisión crítica y corrección estratégica. El resultado es la neutralización de su capacidad de aprendizaje, el vaciamiento de toda potencia transformadora y su reducción a un dispositivo de reafirmación identitaria incapaz de producir cambios más allá de la esfera personal de quienes la sostienen.

Las estrategias defensivas que emergen a partir de ahí guardan un paralelismo casi exacto con las ejercidas por los mesías del Ypsilanti: el argumento se abandona y todo el esfuerzo se orienta a invalidar al sujeto. “La mujer que no es feminista”, “el obrero que vota mal” o “la izquierda auténtica y la que no es” son expresiones de una misma lógica, en la que el debate es sustituido por la clasificación moral. Lamentablemente, este desplazamiento constituye el umbral a partir del cual la política comienza a deslizarse hacia formas de cierre autoritario, con independencia del signo ideológico donde se articule.

Cuando los principios ideológicos dejan de operar como una metodología para la resolución de problemas sociales estructurales y pasan a funcionar como marcadores identitarios, los procesos de cambio se bloquean. En ese contexto, la acción política, tanto desde el gobierno como desde la oposición, deja de orientarse por criterios de eficacia, corrección o aprendizaje y comienza a articularse en torno a lógicas de conspiración mediática, judicialización del conflicto político y narrativas de traición interna.

La distancia entre la realidad política efectiva y las expectativas de cambio social pasan a gestionarse mediante recursos discursivos propios del pensamiento mágico o místico: “vamos perdiendo, pero es parte del proceso”, “no sumamos mayoría, pero seguimos siendo la fuerza más votada” o “la gente se queda en casa y no va a votar”. Fórmulas que no explican el fracaso ni permiten corregirlo, sino que tratan de racionalizarlo incluso desde el absurdo, siempre a posteriori, tratando de preservar intacta la identidad ideológica, aún a costa de renunciar a cualquier transformación verificable de la realidad.

Lo que se produce no es solo un empobrecimiento del debate político, sino algo más profundo: el colapso de la falsabilidad democrática, en el que la política pierde su capacidad de corrección colectiva; deja de funcionar como un espacio de contraste y aprendizaje colectivo y pasa a operar como un dispositivo de autopreservación simbólica. De ahí que movimientos ideológicamente opuestos puedan terminar pareciéndose tanto en sus dinámicas internas: no por compartir contenidos, sino por compartir una misma lógica cerrada de autopreservación frente a la realidad.

Del mismo modo que los tres mesías de Ypsilanti compartían el mismo espacio institucional sin que ello debilitase sus delirios, las fuerzas políticas contemporáneas conviven en un espacio parlamentario común, que les aleja de la realidad y que lejos de favorecer la corrección mutua, tiende a reforzar el cierre identitario de cada una de ellas. Esta copresencia, lejos de generar contraste con la realidad social exterior, refuerza un sistema autorreferencial en el que cada actor confirma su propio relato frente a los demás.

Como en Ypsilanti, la confrontación no ayuda a desmantelar las creencias, a reconocer y solucionar errores o problemas, sino que las fortalece, y el debate se cierra siempre en torno al otro negándole como interlocutor válido, señalándole como impostor, amenaza o prueba adicional de la propia razón.

El resultado es una política progresivamente desconectada de la experiencia social de puertas afuera, replegada en la defensa de su propio marco de sentido y más preocupada por preservar la coherencia interna del relato que por producir efectos materiales verificables sobre la realidad que dice representar.

Y cuando quienes quedan atrapados en este bucle de autopreservación simbólica son, además, quienes encabezan las direcciones y ejecutivas de las organizaciones políticas, la desconexión se cronifica. Los partidos dejan entonces de funcionar como mediadores entre sociedad y poder para convertirse en espacios cerrados, autorreferenciales, donde el relevo de liderazgos se sustancia exclusivamente en la sustitución periódica de unas figuras providenciales por otras, mientras la vida social continúa su curso y la ciudadanía se enfrenta sola a los problemas, cada vez más al margen de una política que ha dejado de mirarla para mirarse a sí misma.