Una fecha que lejos de conmemorar pasado, exige presente.

El 14 de abril de 1931 se proclamó algo más que una forma de Estado; se proclamó que la soberanía pertenece al pueblo, que la dignidad no se hereda y que la libertad sin igualdad no es un derecho, es un privilegio.

Noventa y cinco años después, esos tres principios no son historia. Su ausencia sigue marcando las carencias y delatando la fragilidad y precariedad democrática de nuestro presente.

Una democracia que no garantiza igualdad real de oportunidades no cumple su promesa. Una sociedad donde la educación emancipa a unos y abandona a otros no ha resuelto lo fundamental, deja intacto el núcleo de la desigualdad. Un sistema político donde la responsabilidad pública se diluye en el espectáculo y la rendición de cuentas se exige y ventila desde las tribunas rosas o amarillas, degrada su sentido cívico y ha perdido algo difícil de recomponer tan solo con procesos electorales. La República no inventó estos problemas. Les puso nombre y propuso, por primera vez en esta España que aspira a ser la de todos, que resolverlos era una tarea colectiva, no una concesión del poder.

Sus valores no son patrimonio de ninguna familia política en particular. Son, o deberían ser, el suelo común sobre el que se construye cualquier proyecto serio de convivencia. Hay fuerzas políticas que lo entienden así. Otras han decidido que hay rédito en lo contrario.

Hoy, 14 de abril, merece la pena recordar que la pregunta que se hizo en 1931 sigue sin respuesta definitiva: ¿qué clase de país queremos ser? No como retórica de aniversario ni como arma de adversario; como tarea.