Cuando la izquierda encarga un diagnóstico y obtiene un manual del mercado.

El pasado mes de mayo se hizo público un estudio sobre la evolución del mercado de la vivienda en Oviedo con datos suficientes como para formular una acusación política severa. Deja patente algo que ya sabíamos, ahora con la firma de un encargo: que la ciudad apenas dispone de parque municipal de alquiler, que una parte considerable de la población joven y de las familias no puede acceder a una vivienda sin superar un umbral razonable de esfuerzo económico. El documento estima, tras una cortina de piruetas estadísticas, el número de viviendas necesario para cubrir una demanda social que el mercado no satisface. Si el diagnóstico es importante, el marco que lo organiza lo es aún más.

En psicología, y en cualquier acto de investigación sociológica, el protagonista del experimento no es únicamente el objeto de estudio. También lo es el investigador. Él decide qué campana tocar, cuándo debe sonar y, llegado el momento, qué resultado debe ser tenido en cuenta como respuesta válida. En toda investigación hay datos, pero también hay una arquitectura previa que decide qué puede aparecer en el campo de visión y qué debe permanecer fuera de él.

En el capítulo de metodología de este estudio, los autores reconocen sin ningún tipo de ambages que el informe ha sido un encargo y que su objetivo es proporcionar al cliente “datos que permitan fijar criterios en su posición política y formular propuestas políticas”. El informe no es un diagnóstico neutral. Más que una simple radiografía, el informe emerge políticamente como una coartada técnica para un conjunto determinado de soluciones.

Esta coartada se articula en dos ejes: uno cuantitativo, tan aburrido como el trabajo contable que inventaría el activo de un almacén, y otro cualitativo, construido a partir de las entrevistas a dos promotores inmobiliarios anónimos. No comparecen en este análisis quienes buscan piso, pagan alquiler, comparten piso como única opción o han sido expulsados de su barrio. A quienes sufren el problema se les contabiliza simplemente agrupados como demanda; a quienes hacen negocio de él, se les pregunta. Por eso las conclusiones no sorprenden: desbloquear suelo, atraer inversión privada y facilitar la entrada de fondos. El propio informe admite que casi la mitad de los ovetenses de entre 25 y 40 años no puede pagar una vivienda ni siquiera en el distrito más barato y cifra en unos 800 millones el parque social necesario. Cuantifica la exclusión como demanda, diagnostica el fracaso del mercado y prescribe el remedio: más mercado.

Siempre hay una forma eficaz de sostener una estructura sin defenderla: gestionarla. Basta con intervenir sobre sus efectos para que nadie tenga que discutir sus causas. Algunos convierten esa renuncia en programa: aceptan las reglas del sistema y llaman reforma a administrar sus daños. Esa clase de reforma que hoy avala un informe no solo deja intacta la estructura; la legitima. Y cada “posición política”, a la que se pone un membrete progresista “fijada” desde el encargo, asume y certifica que el problema no es el marco, sino su gestión. Como resultado, la desigualdad no desaparece: se vuelve tolerable. Y una desigualdad que se enmascara o se tolera es una desigualdad autorizada a permanecer.

Abandonar la transformación desplaza a la izquierda hacia un terreno que la derecha ya ocupa por completo y lo hace bien. Ese terreno es un edificio de dos pisos que funcionan de manera simultánea y bien coordinada: arriba, la estructura que produce la desigualdad; abajo, la red que administra sus consecuencias. La derecha habita ambos espacios sin contradicción y sin despeinarse. En uno defiende la propiedad, la rentabilidad y el mercado y, en el otro, organiza ayudas, caridad y asistencia para impedir que sus efectos hagan inhabitable el edificio.

El informe de vivienda, que algunos necesitan para fijar posiciones políticas, ilustra este esquema sin pretenderlo. Asume el problema desde la perspectiva de quienes habitan el piso de arriba y propone desbloquear suelo finalista, atraer fondos privados y recurrir a la cooperación público-privada para construir vivienda “asequible”; un término que repite sin precisar para quién debe serlo. No es un vocabulario neutral. Cada palabra sitúa el problema no en la propiedad, la especulación o la insuficiencia del parque público, sino en una oferta bloqueada por falta de suelo, financiación e incentivos. Las conclusiones propuestas no son conservadoras por accidente. Quien acepta el vocabulario del adversario acepta también su mapa de causas e intereses, sus límites y sus soluciones. Antes de comenzar el debate, ya le está dando la razón.

Gramsci formuló con precisión que la hegemonía no se rompe compitiendo en el terreno del adversario, sino disputando el marco. El marco es el conjunto de categorías que definen qué preguntas son legítimas, qué soluciones son posibles y qué queda fuera del campo de visión antes de que empiece cualquier debate. Quien acepta el marco acepta también sus límites. Y quien acepta los límites de la derecha solo puede llegar a sus conclusiones.

Incluso las medidas que apuntan a las causas que producen el problema resultan insuficientes. Las zonas tensionadas, una medida en numerosos programas de corte progresista y que también emerge tímidamente de este encargo, protegen al inquilino ya instalado, pero la dificultad y las barreras de acceso al que busca piso, al joven, al más precario, al que más lo necesita, no desaparecen. Una vez más, medidas universales que, aplicadas sobre una estructura desigual, ni solucionan el problema ni producen equidad. El resultado final es una distribución sesgada de lo escaso que beneficia a quien ya tenía ventaja.

Disputar el marco en materia de vivienda significa hacer las preguntas que el informe no hace: no cuántas viviendas faltan, sino por qué la vivienda es una mercancía. No cómo atraer inversión privada al alquiler asequible, sino por qué el acceso a un bien declarado constitucionalmente como derecho depende de la rentabilidad de un fondo. No cómo gestionar la escasez, sino quién produce la escasez y a quién beneficia. Estas preguntas quizá no quepan en un informe encargado para “fijar criterios en una posición política”, pero son las que construyen el programa que disputa el marco en lugar de administrarlo. Y asumir las respuestas conservadoras de ese informe y presentarlas como propuestas políticas para un programa progresista es un signo grave de dislexia política.

En escenarios como este, la derecha no necesita ganar la partida; le basta con que la izquierda asuma sus reglas.