Las redes dan visibilidad, pero también imponen marcos y no todos son compatibles con la autoridad o el proyecto político.

A estas alturas del partido, no cabe duda que las redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios de mediación entre la política y la ciudadanía. Según se suceden las generaciones, han ido ganando protagonismo pasando de ser un canal auxiliar a un auténtico prime time donde se construyen percepciones, liderazgos y marcos de interpretación que también incluyen lo público. En este contexto, contar con perfiles políticos, capaces de traducir proyecto, valores y conflicto social, no es un lujo sino una necesidad que refuerza nuestra democracia.

No obstante, la presión por ganar visibilidad rápida puede empujar a estrategias comunicativas arriesgadas, que confunden audiencia con legitimidad y cercanía con banalización. Cuando esto ocurre, el problema no es únicamente de forma: el contenido del mensaje queda desplazado fuera del marco político y pone en riesgo no solo a un dirigente en concreto sino también a la institución y al proyecto colectivo que representa.

Apoyarse en terceros para amplificar un mensaje político no es nuevo, pero tampoco es neutro. Cuando la amplificación se busca y se produce desde perfiles ajenos al campo político, se hereda algo más que el alcance: se hereda también significado. Sin un control fino del marco moral que se incorpora, la estrategia asume un riesgo simbólico evidente, donde la comunicación deja de reforzar el proyecto y comienza a tensionarlo desde dentro.

La visibilidad puede generar atención, pero solo la inscripción del mensaje en un marco legítimo permite que esa atención se transforme en autoridad. Cuando se confunden ambos planos, lo que se produce no es democratización del mensaje, sino una erosión progresiva de su capacidad normativa.

El problema en estos casos, por tanto, no son las redes sociales en sí mismas sino quien presta el marco desde el que se habla. Cuando los perfiles que impulsan el mensaje político operan desde registros donde domina la ironía despolitizada, el costumbrismo banal o el relativismo moral (donde todo puede ser objeto de broma), el resultado no se sustancia en cercanía política, sino en pérdida del sentido público.

Si a ello sumamos la personalización de los conflictos, que sustituye los problemas estructurales por enfrentamientos individuales y un desorden normativo en cuestiones sensibles como el género, lo rural o la desigualdad, lo político acaba diluyéndose en tono, estilo y ocurrencia. La política deja entonces de disputar marcos y se limita a circular en marcos ajenos.

Desde la teoría del liderazgo institucional, el problema se agrava cuando quien se expone a estos marcos no es un actor secundario, sino un cargo en ejercicio de la representación de toda una comunidad. Como señalaron Selznick y Burns, el liderazgo institucional no se limita a comunicar decisiones: encarna un orden normativo y una jerarquía simbólica que sostiene a la propia institución.

La comunicación política no es un altavoz neutro: es un escenario. Y quien acepta actuar en un escenario diseñado por otros, bajo reglas que no controla, difícilmente puede aspirar a dirigir la obra. Cuando, un responsable público se deja “impulsar” por creadores con visiones erráticas sobre cuestiones de calado político, humor pobremente elaborado o conflictos personales convertidos en espectáculo, el efecto no es cercanía, es desjerarquización simbólica. En estos casos el dirigente no eleva el marco; desciende a él.

A este riesgo se le suma lo que la psicología social ha denominado transferencia negativa de legitimidad. La teoría del contagio moral muestra que las evaluaciones negativas se transmiten con mayor rapidez e intensidad que las positivas. Basta un solo perfil problemático para erosionar la credibilidad del mensaje político o institucional.

Además, no se hereda solo el tono: se heredan conflictos previos, enemigos simbólicos, torpezas discursivas y trayectorias personales. El coste no lo asumen quienes prestan la audiencia, lo paga la institución o el proyecto que representa.

Hay aspectos de la dialéctica política que no son material humorístico inocuo. Cuestiones como lo rural, la igualdad de género, la desigualdad social no admiten bromas mal calibradas sin consecuencias. Rodearse de quienes trivializan estos conflictos no comunica cercanía, sino todo lo contrario: frivolización.

En definitiva, se incurre en el mal que domina hoy la escena política: confundir lo popular con lo legítimo. No todo lo que produce risa genera reconocimiento; no todo capital cultural es convertible en autoridad política, y cuando se actúa como si lo fuera, el precio no lo paga el espectador, sino la credibilidad del proyecto político que se representa o de la institución.

Las estrategias basadas en determinados perfiles pueden ofrecer visibilidad inmediata, pero debilitan la autoridad simbólica a corto y medio plazo. Confunden cercanía con banalización y exponen a los dirigentes a marcos morales que no controlan y conducen a largo plazo a la desafección.

Una estrategia coherente exige lo contrario: perfiles capaces de sostener un marco político claro, sensibles a los conflictos estructurales y conscientes de que la comunicación institucional no busca solo atención, sino legitimidad. Porque no todo capital social es convertible en capital político, y mucho menos cuando lo que está en juego es la credibilidad de un programa político o de una institución democrática.