Cada nivel del PSOE ha aprendido a dirigirse a su elector sin pasar por el nivel de abajo. El crédito se gasta arriba y la factura llega a quien tiene que dar la cara en el territorio. Examen el 29N.

El 21 de mayo de 2017, pasadas las diez de la noche, Pedro Sánchez salió a hablar en Ferraz como secretario general del PSOE por segunda vez. En octubre, un Comité Federal lo había forzado a dimitir y había dejado el partido en manos de una gestora; desde entonces había recorrido por carretera agrupaciones y casas del pueblo, una por una, con un aparatillo reducido, y fuera de la estructura oficial que sostenía a buena parte de sus adversarios internos. Enfrente tenía a Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, y con ella buena parte del poder territorial del partido.

Un aval es una firma con nombre y apellidos, que se pide, se recoge y se entrega a la vista. Las cuentas se hicieron perfectamente; Díaz había presentado cerca de 60.000 avales y Sánchez unos 53.000. Pero el voto se deposita en soledad con uno mismo, y al final del día Pedro Sánchez le sacó 10 puntos a Susana en la urna.

Aquella noche, en el partido, cayó algo más que una candidatura; cayó una manera de sostener al secretario general que hasta entonces pasaba en buena medida por las federaciones. Los dirigentes territoriales, con sus gobiernos y sus delegados, podían sostener la dirección y, llegado el caso, contribuir decisivamente a su derribo, como habían demostrado en octubre. Max Weber, que vio nacer los partidos de masas, llamó plebiscitario al liderazgo que obtiene directamente de las bases una legitimidad y es capaz de imponerse a los notables que hasta entonces ejercían como mediadores o cortafuegos. Esta vía se había abierto mucho antes, en 2014, pero aquel 21 de mayo se impuso y desde ese momento Sánchez podía mirar desde Ferraz por encima de federaciones y liderazgos territoriales y dirigirse directamente a quienes le habían devuelto la secretaría general sin peajes.

El empoderamiento de la militancia fue real y desplazó el poder. Hasta entonces, el “barón” no era solo un apoyo, era también quien podía decir que no y con él se fue un contrapeso, y la dirección ganó una libertad de movimientos que antes tenía que negociar.

El poder tiene instinto de supervivencia y, cuando se pierde en una dirección, enseguida busca acomodo en otra. Si las federaciones tenían cada vez menos capacidad para condicionar a Ferraz, conservar el control de su propio territorio adquiría más valor. En un contexto como este, gobernar una comunidad o mantener una estructura reconocible no basta; crece la necesidad de asegurar agrupaciones, candidaturas, cuadros y militancia porque es ahí precisamente donde sigue estando el recurso que puede convertir a una federación en algo más que una administración periférica del partido.

La lógica es inevitable: cuanto menor es la capacidad de negociación o influencia hacia arriba, mayor es el incentivo para ordenar lo de abajo. Una agrupación local con voz propia, un candidato capaz de construir una legitimidad al margen de la federación o una minoría organizada no son solo expresiones de pluralidad interna; pueden convertirse también en focos autónomos de poder y, ante la imposibilidad de eliminarlos, parece imperativo alinearlos o integrarlos en un intento por reducir su capacidad de intermediación. Y la federación que antes representaba a su territorio ante Ferraz termina haciendo el recorrido inverso: trasladando hacia el territorio una línea ya decidida en otro nivel.

En este punto, las agrupaciones comienzan a perder una de sus funciones históricas. Siguen teniendo militantes, ejecutivas o gestoras que conservan la liturgia de las asambleas informativas, pero orilladas en los procesos de decisión y dejando de ser paso obligado entre la base y quienes mandan por encima; perdiendo con ello toda capacidad de decisión política en el ámbito local, porque el voto local empieza a quedarse sin una intermediación propia que lo represente.

Cuando quien está en un determinado nivel descubre que puede relacionarse directamente con la base sin necesitar al inmediatamente inferior, la lógica termina trasladándose también al votante. Cada estamento administra sus competencias, construye su relato y busca después el respaldo electoral allí donde se juega el suyo, aunque para hacerlo tenga que pisar el sembrado de quien gobierna o intenta construir una alternativa unos kilómetros más abajo.

Un ejemplo de la lógica de este mecanismo lo tenemos delante los asturianos: el Gobierno central mantiene la prórroga del peaje del Huerna mientras un gobierno autonómico del mismo color acaba recurriendo al Tribunal Supremo para combatirla y defender unos intereses asturianos que dice perjudicados. Y bajando un peldaño hasta los militantes de Oviedo, el protocolo para La Vega se negoció entre Defensa, Principado y Ayuntamiento; en El Cristo, la ordenación del viejo Hospital General circula entre Principado, Ayuntamiento, Universidad y Seguridad Social. La organización socialista de la ciudad puede tener posición, militantes y proyecto, pero a pesar de formar parte de la estructura política que sostiene el gobierno del Principado de Asturias y el nacional, no ha sido tenida en cuenta en la toma de las decisiones por las que después tendrá que responder ante sus vecinos.

El problema no es que cada administración ejerza las competencias que tiene; aparece cuando la decisión política deja de necesitar la mediación de la estructura que después tendrá que representarla electoralmente en el territorio. Se abre la vía para que cada piso pueda hablar directamente con su elector, consumiendo un crédito político que no siempre le corresponde y cuya factura, llegado el caso, tampoco tendrá que pagar él. El escenario donde antes se compartían riesgos porque todos dependían del mismo arrastre invierte el sentido: cada nivel trata de proteger su propio resultado y traslada la administración de las consecuencias al siguiente.

El dirigente autonómico o local puede cargar con una decisión que no tomó, perder poder por ella y comprobar después que ese mismo desgaste no impide a la marca nacional recomponerse ante otro electorado y bajo otra lógica. Cuando eso ocurre, el voto de arrastre deja de empujar necesariamente hacia abajo. Cada piso aprende a salvarse con sus propios recursos, aunque para hacerlo tenga que dejar más solo al siguiente o construir voz propia frente al nivel superior.

Llegados a este punto, el centro ni siquiera necesita hacerse más fuerte para ganar peso dentro de la organización; basta con que se debilite aquello que lo rodea. Cada gobierno autonómico que se pierde, cada ayuntamiento que cambia de manos o cada liderazgo territorial que deja de disponer de una mayoría propia recorta recursos a esos que se llaman barones, los que antes podían negociar con Ferraz desde una posición distinta. El poder relativo de la dirección crece mientras menguan los contrapesos que antes obligaban a repartirlo.

El árbol conserva entonces el tronco mientras va perdiendo ramas. La organización sigue extendida por el territorio, mantiene federaciones, agrupaciones, cargos y militancia, pero cada vez encuentra menos lugares desde los que pueda construirse una voz con fuerza suficiente para discutir la dirección del conjunto. La marca se nacionaliza y el liderazgo federal acaba siendo el elemento común capaz de dirigirse al electorado por encima de cualquier desigualdad territorial.

Ahí está la ventaja y el riesgo del modelo. En unas elecciones generales, el liderazgo nacional puede reunir un voto que ya no necesita reproducirse con la misma intensidad en cada autonomía o municipio. Sánchez no necesita que todos sus barones sean fuertes para presentarse como referencia federal; precisamente la debilidad o la incapacidad de algunos para construir una voz propia hace todavía más difícil imaginar el partido sin quien ocupa el centro y se reducen las alternativas.

Las primarias no acabaron con los aparatos; cambiaron aquello que los aparatos necesitaban controlar. Si hasta entonces buena parte del poder se construía reuniendo delegados, ordenando congresos o asegurando ejecutivas, desde 2017 el recurso decisivo pasó a ser otro: el militante que deposita la papeleta. Ganó capacidad para elegir, pero precisamente por eso aumentó también su valor como objeto de movilización. Las llamadas, los apoyos, las redes de confianza o la capacidad de llevar gente a votar dejaron de rodear el proceso para convertirse en parte sustancial de él.

Como nota anecdótica, que no como evidencia empírica, en las siguientes primarias y procesos internos de elección las candidaturas ya no dispusieron del censo nominal de militantes; formalmente, solo podían conocerse sus datos agregados.

La urna aporta además algo más valioso: legitimidad. Tom Tyler y Allan Lind estudiaron cómo los procedimientos considerados justos hacen más aceptables incluso las decisiones desfavorables para quien las pierde. Trasladado con prudencia a una organización política, el mecanismo ayuda a entender la fuerza de una frase aparentemente incontestable: “La militancia así lo ha querido”. Sirve para legitimar a quien gana, como debe hacerlo cualquier elección, pero puede servir también para desplazar el desacuerdo desde lo político hacia lo procedimental: si todos pudieron votar y uno ganó, discutir después su dirección empieza a parecer una discusión contra el resultado mismo. Y aparece un nuevo contrasentido: el mismo mecanismo que permitió contradecir al aparato en 2017 termina proporcionando al vencedor la autoridad necesaria para clausurar a quienes lo contradicen.

La urna se consolida como una buena herramienta para decidir quién manda, pero es ingenuo pensar que tiene el mismo éxito para resolver aquello sobre lo que en la organización se discrepa.

Oviedo nos enseña lo que ocurre en las raíces del tronco cuando la savia no sube a la copa: las legitimidades se acumulan y no se resuelven las diferencias. En octubre de 2022, la militancia socialista ovetense eligió candidato a la alcaldía; tan solo siete votos separaron la victoria en segunda vuelta de quien había ganado la primera. En julio de 2026, el PSOE volvió a las urnas y la militancia legitimó un nuevo candidato, sin haber amortizado al primero y, menos de un día después, llegó la dimisión de la secretaria general de la agrupación, tras la que se nombró una gestora. Lo que puede funcionar en los pisos superiores, en la base, transforma la acción política en una hidra, un monstruo al que cada vez que la militancia trata de cercenar una cabeza le salen dos. Así, a día de hoy, fruto de este proceso, la agrupación de Oviedo es trina y una; unos dirán “como el dios de los cristianos”, pero quienes sufrimos la situación la vemos más cercana a la película de Berlanga.

Lo que la militancia quita no cae y, la mayoría de las veces, tampoco se retira. Quien fue legitimado en 2022 sigue siendo portavoz municipal; quien lo fue en 2026 lo es en calidad de candidato y la gestora, nombrada en un proceso ajeno a cualquier urna, ejerce un poder llamado estatutario para el que no hace falta convocar a nadie. El agua siempre comienza por inundar los pisos de abajo.

Esta tesis tiene fecha de examen. El 29 de noviembre se medirá la resistencia del tronco, y en el 2027 la frondosidad de sus ramas y la fortaleza de las raíces. Si el PSOE resiste en las generales mejor de lo que han resistido sus federaciones, y medio año después vuelve a perder ayuntamientos y comunidades, esta hipótesis ganará fuerza: un partido capaz de sostenerse arriba mientras se vacía abajo. Si cae en noviembre tanto como ha caído en los territorios, habrá que buscar una explicación más sencilla y asumir que parte de lo aquí descrito responde al deterioro electoral del conjunto. Los sondeos dan hoy mayoría a la derecha, pero tampoco eso decide la prueba, porque lo que se examina no es solamente quién gobierna, sino qué parte del árbol sigue siendo capaz de sostenerse por sí misma cuando llegue mayo.